La Corte Suprema de Justicia de Argentina atraviesa una crisis institucional debido a que, tras la renuncia de García Mansilla, quedó con solo tres miembros, cuando debería estar compuesta por cinco.
Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el abogado constitucionalista Juan Solá quien explicó cómo esta situación afecta el funcionamiento del máximo tribunal del país. “La Corte debería tener cinco miembros, y aunque la Constitución permite excepciones, esto genera serios inconvenientes”, afirmó.
Un sistema constitucional complicado
Solá detalló cómo se llegó a esta situación y qué implicancias tiene para el país. “El sistema constitucional establece que la Corte funcione con cinco jueces, y esto ha sido así desde 1862, con algunas excepciones menores. Cuando el Senado no aprueba los pliegos, se crea una situación de irregularidad, lo que afecta la estabilidad de las decisiones judiciales”, explicó. En este escenario, los tres jueces restantes deben funcionar de forma excepcional, lo que no siempre resulta en decisiones consensuadas.
La importancia de las mayorías en la Corte
Uno de los puntos clave de la entrevista fue la discusión sobre cómo se toman las decisiones en la Corte con solo tres miembros. Solá aclaró que, aunque los tres jueces pueden seguir funcionando, las decisiones de la Corte deben ser tomadas por una mayoría de tres votos sobre los cinco previstos en la Constitución. “La Corte está integrada por cinco ministros. Las mayorías deben ser alcanzadas sobre el número constitucional de cinco, lo que implica que debe haber tres jueces de acuerdo”, aseguró.
Además, advirtió que, en caso de desacuerdo, la Corte tendría que recurrir a jueces suplentes para integrar el tribunal. “Esto puede causar demoras en la toma de decisiones y generar incertidumbre sobre el precedente judicial”, señaló.
¿Qué ocurre si no hay consenso?
El abogado explicó que, cuando no hay consenso entre los tres jueces, la Corte puede recurrir a jueces suplentes para resolver los casos. “En caso de que no coincidan los tres, se pueden integrar jueces suplentes. Pero esto tiene un grave inconveniente: la inestabilidad del precedente judicial. Si los fallos no son consistentes, los ciudadanos no sabrán qué Constitución están aplicando”, expresó.
Solá destacó que, en un contexto de crisis institucional, se corre el riesgo de que las decisiones judiciales sean contradictorias y que se suspendan casos importantes, afectando a quienes litiguen en la Corte. “Los casos pueden demorar mucho tiempo, lo que genera una crisis constitucional”, agregó.
Posibles soluciones: el papel del Presidente
En cuanto a la solución a esta crisis, Solá sugirió que el Presidente de la Nación proponga nuevos candidatos para la Corte y busque el acuerdo del Senado. “El Presidente puede proponer candidatos al Senado en cualquier momento, y sería lo ideal que se siguiera la práctica constitucional que hemos tenido desde 1862: el Senado debe aprobar a los jueces para garantizar la estabilidad institucional”, opinó.
Si el Presidente decide no seguir este camino y optar por nombrar jueces en comisión, Solá advirtió que esto generaría una situación incómoda, pero aún válida. “Nombrar jueces en comisión sería una irregularidad, pero podría ser una salida temporal. Sin embargo, lo mejor sería seguir el proceso constitucional”, aseguró.
El futuro de la Corte Suprema
Para finalizar, Solá sostuvo que el principal desafío es restablecer la estabilidad en la Corte. “El debate en el Senado no debería ser político, sino centrarse en la calidad de los candidatos. La separación de poderes es clave para la democracia y la estabilidad constitucional”, remarcó.