En el contexto del juicio por la expropiación de YPF, Argentina le había solicitado a la jueza Loretta Preska, titular del tribunal de Segundo Circuito de Nueva York, que reconsiderara su decisión de obligar a nuestro país a compilar los mensajes y comunicaciones encontrados en los dispositivos móviles de dos ministros de Economía. Ahora se conoció la respuesta de la magistrada, quien rechazó la solicitud y ratificó su fallo inicial.
El planteo de Argentina buscaba dejar sin efecto la decisión del pasado 29 de julio, cuando Preska permitió a los demandantes acceder al contenido de los dispositivos electrónicos de los dos últimos ministros de Economía, Luis Caputo y Sergio Massa.
Se trata de un conjunto de datos que incluye emails oficiales y privados y mensajes de aplicaciones como WhatsApp. Este proceso se desarrolla en el marco de un procedimiento llamado «discovery» del alter ego, destinado a dejar en claro que el Estado Argentino y la petrolera se movían como una misma entidad.
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“La Juez Loretta Preska rechazó el pedido de la Argentina de reconsiderar el fallo que obliga al Gobierno a entregar el contenido de los dispositivos móviles de ciertos funcionarios y exfuncionarios. Probablemente el país apele este fallo. La magistrada dice que no se discute que la República carece de ‘posesión’ o ‘custodia’ de las comunicaciones, pero afirma que tiene ‘control’ sobre dichas comunicaciones”, detalló el analista en litigios internacionales Sebastián Maril.
La expropiación de YPF, implementada en 2012, es el origen del conflicto. El fondo Burford Capital compró los derechos de litigio a los accionistas de la petrolera, y, por ese motivo, exige una compensación multimillonaria. En 2023, Preska condenó a Argentina a pagar alrededor de 16.000 millones de dólares, fallo que Argentina apeló.
Qué le había solicitado el Gobierno a la jueza Loretta Preska
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación detallaron las dos mociones que le presentaron a la magistrada norteamericana: “La primera moción de reconsideración se produce sobre el requerimiento a la República Argentina de recolectar y producir comunicaciones y documentos almacenados en dispositivos, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería personales de ciertos funcionarios actuales y anteriores”.
El argumento se basa en que el tribunal ignoró un tema esencial porque, según el derecho norteamericano, solo puede ordenarse la recolección de documentos que estén en “posesión, custodia o control” del requerido, y Argentina no controla las cuentas personales y los dispositivos de sus empleados.
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El escrito además afirma que, de acuerdo al derecho argentino, estos elementos son propiedad inviolable de sus titulares, y el Gobierno argentino no puede acceder a ellos, por ese motivo pidió que se reconsidere la orden.
Luego agregan que «la segunda moción solicita reconsideración sobre los pedidos de discovery sobre activos de la República Argentina que no son susceptibles de ejecución. Se solicita que se reconsidere la orden de la jueza por haber desatendido jurisprudencia relevante como el precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital, indicando que solo puede ordenarse el discovery de activos potencialmente ejecutables, y que permitir solicitudes irrestrictas es contrario a ese criterio”.
HM/ML