Las universidades reclaman la inmediata reglamentación de la ley de financiamiento para la educación superior, aprobada recientemente por amplia mayoría en el Congreso. En ese marco, docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizarán clases públicas este miércoles en Plaza de Mayo.
Tras la aprobación de la Ley N.°27.795, Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, profesores, decanos y estudiantes se mantienen en alerta ante la posibilidad de un veto presidencial que, de suceder, ya anticiparon que se movilizarán en las calles. Sin embargo, otro de los riesgos es que el Ejecutivo no la ponga en funcionamiento por lo que además exigen su reglamentación.
La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA) sostiene que la situación es desesperante y que no se puede esperar más, dado que los docentes ya perdieron el 45% el poder adquisitivo desde que asumió el gobierno de Javier Milei. “Ya son más de 10.000 las y los docentes que renunciaron a sus cargos en todo el país. El gobierno impulsa el vaciamiento de las universidades mediante la asfixia salarial de sus trabajadores. No podemos permitirlo”, señalan.
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Al mismo tiempo, aseguran que la derrota en las elecciones del Gobierno en la provincia de Buenos Aires es un claro mensaje contra las políticas de la motosierra, aplicadas a la universidad, entre otros sectores. «La paliza electoral que sufrió el gobierno fue una respuesta masiva contra su política de ajustes, reformas reaccionarias y agravios contra toda la población trabajadora. Ahora más que nunca tenemos que profundizar nuestra lucha por el salario para docentes y no docentes y por el presupuesto para las universidades”, afirmó Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA.
El gremio, además, anunció que de concretarse el veto a la ley realizarán paros y cortes de calle en todas las facultades, y que se movilizarán al Congreso para que se rechace. En el 2024, Milei vetó la primera ley de financiamiento universitario; sin embargo, esta vez, si el presidente repitiera esa decisión el parlamento tendría más chances de darla vuelta dado que fue aprobada por de dos tercios en ambas cámaras.
Las clases públicas se desarrollará en frente a la Casa Rosada este miércoles de 9.30 a 18.30 horas. Allí habrá más de 40 clases de Química General, Álgebra, Sociología, Matemática, Algoritmos y estructura de datos, Teoría de la computación, Filosofía, Introducción al Pensamiento Científico, Sociedad y Estado, Microbiología, Cálculo numérico, entre otras.
El CIN y los decanos de la UBA exigen la reglamentación de la ley de financiamiento y ley de presupuesto 2026
En tanto, el Consejo Universitario Nacional (CIN), que nuclea a todas las universidades nacionales, el rector y los decanos de la UBA emitieron diferentes comunicados y videos exigiendo la puesta en funcionamiento de la ley de financiamiento y, además, exhortaron al Gobierno a que envíe una Ley de Presupuesto para que sea aprobada, dado que hasta la fecha viene prorrogando la de 2023.
“El cálculo del monto que el CIN aprobó solicitar para el presupuesto universitario de 2026, 7,32 billones de pesos; es decir, que actualiza y anualiza las partidas de la Ley de Presupuesto 2023 (último aprobado por el Congreso Nacional). Este ajuste para gastos de personal, funcionamiento y programas universitarios se elaboró según los criterios establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada, que estipula una base actualizada a la que se solicita adicionar una mejora para gastos de funcionamiento”, indicó el CIM en su último comunicado de prensa.
El CIN aclaró que en ese cálculo es el piso desde el que se debería partir ya que existen ítems que no incluyeron pero que la Secretaría de Educación tendría que actualizar también. En ese sentido, expresó que “el proyecto de presupuesto universitario 2026 que se aprobó elevar no considera la inflación ni las actualizaciones salariales de los meses restantes de 2025. Tampoco toma en cuenta fondos para el desarrollo de ciencia, técnica y arte; para un plan de obras y equipamiento universitario o para la actualización de los planes de becas. Aunque los reclamos por esos puntos continuarán, deberán ser contemplados por las áreas correspondientes del Gobierno nacional”.
LM/DCQ